La ininterrumpida alza del IBI reaviva los cobros ligados a bienes inmuebles
A falta de conocer los datos definitivos, todas las estimaciones apuntan a que España batió el récord de recaudación de impuestos de su historia en el ejercicio que acaba de concluir. Este hito está íntimamente ligado a la paulatina recuperación de la actividad económica y la creación de empleo. Sin embargo, los datos recopilados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que en los últimos tiempos también se han recuperado con fuerza los ingresos vinculados a la propiedad, especialmente ligados a la posesión de bienes inmuebles, que estarían a punto de alcanzar niveles precrisis.
Después de todo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que cobran los ayuntamientos españoles, es el único tributo cuya recaudación no ha descendido en toda la crisis. Sobre este pilar y gracias a la reactivación del mercado inmobiliario, los impuestos que gravan la propiedad van camino de volver a arrojar 30.000 millones de euros al año por primera vez desde 2007.
Así lo indican los datos recogidos por la OCDE, que ayer publicó el informe Estadísticas de Ingresos 2018. Este indica que los impuestos ligados a la propiedad llegaron a arrojar 32.400 millones de euros en ingresos públicos en 2006. Sin embargo, la cifra anual cayó abruptamente en 2008, hasta los 25.900 millones, y siguió descendiendo hasta los 21.200 millones en 2011. Desde entonces, la recaudación ha ido aumentando hasta los 29.400 millones de 2017, último ejercicio registrado por la OCDE.
El capítulo comprende fundamentalmente la recaudación por bienes inmuebles, aunque también los gravámenes que afectan al patrimonio, herencias y donaciones o transferencias de capital. En total, estos ingresos suponen el equivalente al 2,52% del PIB, frente al 1,94% que pesan de media en las economías de la OCDE.
La principal fuente de ingresos tributarios en España es la recaudación sobre la renta, que aporta el equivalente al 7,36% del PIB (en la OCDE es el 8,27%), y que acaba de superar los niveles precrisis. De otra parte, el IVA junto a todos los gravámenes sobre bienes y servicios suman otro 9,78% (11,14% en el conjunto de los países desarrollados), y vienen marcando nuevos récords cada año desde 2014.
El impuesto de Sociedades, por su parte, permite ingresar el 2,1% del PIB, frente al 2,93% de la OCDE, y en este caso difícilmente logrará volver a marcar las cifras de alcanzadas antes de la crisis en parte por la apuesta de las compañías por la diversificación y la internacionalización.
Teniendo en cuenta las elevadas cotizaciones sociales que se pagan en España (11,5% del PIB frente al 9,4% de la OCDE) el conjunto de ingresos públicos sumando impuestos y aportaciones a la Seguridad Social sí que ronda la media de los países comparables, con un 33,66% del peso de la economía del país frente al 34,19% de la OCDE, según los datos de este organismo a cierre de 2017.
Estas importantes aportaciones a los sistemas de prevención social provocan que la cuña fiscal, que mide el peso de los tributos y las cotizaciones de un trabajador frente al coste laboral total de contratarlo, sea especialmente elevada en España. En concreto, su importancia es del 39,25% frente al 35,92% que marca de media en los países de la OCDE.
Los datos de la institución también revelan la relevancia de los fondos que recauda cada nivel de la administración pública. Así, los ingresos del Gobierno central suponen un 13,9% del PIB (frente al 20,4% que pesan en la OCDE) mientras que los regionales son otro 5,1% (a menor distancia de la media comparable, en el 6,3%), los locales son otro 3,3% (4%) mientras que la Seguridad Social obtiene el 11,2% frente al resto de países comparables donde la cifra es del 8,6%.
(Noticia extraída de Cinco Días)
