Mantiene la protección por sectores y se amplía a empresas vinculadas a ellos; así creen que se mantendría en ERTE de fuerza mayor a casi todos los 600.000 afectados actuales
La pelota estaba ahora en el tejado del Gobierno, que tenía que ofrecer a la patronal y los sindicatos su nueva propuesta para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre. La oferta está hecha. La Seguridad Social propone tres cuestiones fundamentales: exoneraciones de cotizaciones a las empresas en los sectores que queden protegidos por encima del 80%; este mismo tratamiento para las empresas fuertemente vinculadas a dichos sectores; y la promesa de mandatar que las autoridades laborales apliquen máxima flexibilidad a la concesión de ERTE de rebrote.
La primera de estas cuestiones era la más polémica, ya que la patronal y los sindicatos recelan de que las ayudas se mantengan solo para determinados sectores de actividad. El Gobierno mantiene esta sectorialización de las condiciones más ventajosas, pero eleva las exoneraciones de cuotas que se aplicarán a los trabajadores, que serán “muy elevadas” por encima del 80%, según fuentes de la negociación.
En segundo lugar, el Ejecutivo ha redactado una fórmula por la que se aplicarán estas mismas bonificaciones y el resto de las condiciones de los ERTE de sectores protegidos a todas las empresas que formen parte de la cadena de valor de las compañías en actividades protegidas. Así, estas empresas tendrán que acreditar su estrecha vinculación con los citados sectores –que también podrían ampliarse– y que han registrado una fuerte pérdida de facturación, que aún no ha sido precisada.
Desde el Gobierno han calculado que con estas dos medidas se podría dar cobertura a prácticamente la totalidad de los 600.000 trabajadores que están actualmente inmersos en un ERTE por fuerza mayor. De esta forma, quedarían cubiertos por esta herramienta como mínimo hasta el 31 de enero –fecha en la que sí podría haber acuerdo para prorrogar los ERTE– si así lo necesitaran.
La tercera de estas propuestas no depende exclusivamente del Gobierno, ya que afecta a los ERTE de rebrote, cuya autorización depende de las autoridades laborales de las comunidades autónomas. Estos ERTE los pueden solicitar todas las empresas que desde el 1 de julio se hayan visto afectadas por las nuevas medidas de restricción de la actividad por el aumento de los contagios en distintas áreas del país. En este caso la oferta consisten en trasladar una directriz general para que las autoridades regionales apliquen “máxima flexibilidad” en la autorización de estos ERTE.
Las incógnitas
No obstante, en esta oferta aún quedan por despejarse algunas incógnitas sobre cuestiones que ahora mismo están impidiendo el acuerdo. En concreto, si la Seguridad Social mantiene su defensa del esquema de dobles exoneraciones, bonificando más a los trabajadores que se incorporan a la actividad que a los que permanecen en el ERTE.
Asimismo también se desconocen los sectores que finalmente quedarán protegidos por las nuevas condiciones para las prórrogas hasta finales de enero. La propuesta inicial se centraba en los sectores del ocio, la aviación y parte de la cultura y dejaba fuera a hostelería, comercio o transporte de viajeros por carretera, sectores que los empresarios ven imprescindibles para llegar a un acuerdo.
(Noticia extraída de Cinco Días)
