Las modificaciones afectarán a la responsabilidad civil por daños personales, las anualidades por alimentos y las indemnizaciones por despido
El Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia introduce cambios y ajustes en tres categorías de rentas exentas: las indemnizaciones relativas a responsabilidad civil por daños personales, las anualidades por alimentos percibidas de los padres y las indemnizaciones por despido o cese de los trabajadores.
Medios adecuados para la solución de controversias
Este Anteproyecto se enmarca en el ámbito de la «Estrategia Justicia 2030», conectado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan de la Unión Europea «Next Generation», y pretende asimismo dar respuesta a los desafíos surgidos como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.
El objetivo de los MASC (Medios Adecuados para la Solución de Controversias) es recuperar la capacidad negociadora de las partes, con la introducción de medidas eficaces que potencien la mediación en los asuntos civiles y mercantiles, sin perjuicio de que en el futuro puedan extenderse a otros ámbitos.
Para potenciar de manera decidida su utilización, se ha establecido que habrá de acompañarse a la demanda del documento que acredite haberse intentado la actividad negocial previa a la vía judicial como requisito de procedibilidad.
Los MASC contemplan la actividad negocial, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la opinión del experto independiente, la mediación, así como cualesquiera otros procedimientos previstos en la legislación especial (particularmente en materia de consumo), incluyendo entre sus novedades más relevantes la validez que tendrá el acuerdo alcanzado, que será equiparable a la resolución por un juez, poseyendo el valor de cosa juzgada para las partes y no pudiendo presentarse demanda con igual objeto.
Por otro lado, este anteproyecto también se orienta hacia la transformación digital, persiguiendo evitar desplazamientos a sedes judiciales y reduciendo costes económicos, ambientales y territoriales, para lo cual introduce la regulación de los sistemas de identificación y autenticación para adaptar nuestra legislación a la europea, generalizando la celebración de vistas y declaraciones por videoconferencia e impulsando un registro electrónico de apoderamientos apud acta, que permitirá el otorgamiento telemático.
Modificaciones en el IRPF
Según se indica en la exposición de motivos, la implantación y fomento de los medios adecuados de solución de controversias exige también la modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, revisando la exención prevista en este Impuesto para las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales en la cuantía legal o judicialmente reconocida, con la finalidad de que pueda resultar aplicable cuando, sin fijarse su cuantía legal ni judicialmente, la indemnización sea satisfecha por la entidad aseguradora del causante de los daños físicos o psíquicos en cumplimiento de un acuerdo de mediación o de cualquier otro medio adecuado de solución de controversias legalmente previsto.
Por otro lado, se revisa el régimen fiscal establecido para las anualidades por alimentos percibidas de los padres con el objeto de eliminar cualquier duda sobre la aplicación del mismo a las anualidades fijadas en los convenios reguladores formalizados ante el Letrado de la Administración de Justicia o en escritura pública ante Notario.
Igualmente, se modifica la exención prevista para las indemnizaciones por despido o cese de los trabajadores para eliminar cualquier duda interpretativa y confirmar expresamente a nivel legal que no derivan de un pacto, convenio o contrato, las indemnizaciones acordadas ante el servicio administrativo como paso previo al inicio de la vía judicial social.
Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.
Cambios en el artículo 7 LIRPF sobre rentas exentas
Se modifican las letras d), e) y k) del artículo 7 LIRPF, que quedan redactadas de la siguiente forma:
Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida.
Asimismo, las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños físicos o psíquicos satisfechos por la entidad aseguradora del causante del daño no previstas en el párrafo anterior, cuando deriven de un acuerdo de mediación o de cualquier otro medio adecuado de solución de controversias legalmente establecido, siempre que en la obtención del acuerdo por ese medio haya intervenido un tercero neutral y el acuerdo se haya elevado a escritura pública, hasta la cuantía que resulte de aplicar, para el daño sufrido, el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
Igualmente estarán exentas las indemnizaciones por daños personales derivadas de contratos de seguro de accidentes, salvo aquellos cuyas primas hubieran podido reducir la base imponible o ser consideradas gasto deducible por aplicación de la regla 1.ª del apartado 2 del artículo 30 de esta ley, hasta la cuantía que resulte de aplicar, para el daño sufrido, el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.»
Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, o producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 del citado texto refundido, siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado texto refundido para el despido improcedente.
No tendrán la consideración de indemnizaciones establecidas en virtud de convenio, pacto o contrato, las acordadas en el acto de conciliación ante el Servicio administrativo al que se refiere el artículo 63 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como límite la cantidad de 180.000 euros.»
Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud del convenio regulador a que se refiere el artículo 90 del Código Civil, o del convenio equivalente previsto en los ordenamientos de las Comunidades Autónomas, aprobado por la autoridad judicial o formalizado ante el Letrado de la Administración de Justicia o en escritura pública ante Notario, con independencia de que dicho convenio derive o no de cualquier medio adecuado de solución de controversias legalmente previsto.
Igualmente estarán exentas las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial en supuestos distintos a los establecidos en el párrafo anterior.»
Modificaciones de los articulos 64 y 75 LIRPF sobre alimentos a favor de los hijos
El artículo 64 LIRPF queda redactado con el siguiente tenor:
«Los contribuyentes que satisfagan las anualidades por alimentos a sus hijos previstas en la letra k) del artículo 7 de esta ley sin derecho a la aplicación por estos últimos del mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de esta ley, cuando el importe de aquéllas sea inferior a la base liquidable general, aplicarán la escala prevista en el número 1.º del apartado 1 del artículo 63 de esta ley separadamente al importe de las anualidades por alimentos y al resto de la base liquidable general. La cuantía total resultante se minorará en el importe derivado de aplicar la escala prevista en el número 1.º del apartado 1 del artículo 63 de esta ley, a la parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar incrementado en 1.980 euros anuales, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal minoración.»
Por su parte, la nueva redacción del artículo 75 LIRPF queda como sigue:
«Los contribuyentes que satisfagan las anualidades por alimentos a sus hijos previstas en la letra k) del artículo 7 de esta ley sin derecho a la aplicación por estos últimos del mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de esta ley, cuando el importe de aquéllas sea inferior a la base liquidable general, aplicarán la escala prevista en el número 1.º del apartado 1 del artículo anterior separadamente al importe de las anualidades por alimentos y al resto de la base liquidable general. La cuantía total resultante se minorará en el importe derivado de aplicar la escala prevista en el número 1.º del apartado 1 del artículo 74 de esta ley a la parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar que resulte de los incrementos o disminuciones a que se refiere el artículo 56.3 de esta ley, incrementado en 1.980 euros anuales, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal minoración.»
(Noticia extraída de Noticias Jurídicas)
