Dudan de la viabilidad de informar de las claves y direcciones públicas
La propuesta del modelo 721 publicada el martes por el Ministerio de Hacienda, y que obligará a presentar una declaración informativa a los titulares, beneficiarios, autorizados y apoderados que operen con criptomonedas en el extranjero, suscita dudas de calado entre los expertos. El documento, que se encuentra en audiencia pública, establece que los afectados tendrán que realizar la declaración con carácter anual entre el 1 de enero y el 31 de marzo del ejercicio siguiente a aquel al que se refiera la información. A su vez, delimita la localización de estos activos, entendiendo que están en el extranjero cuando intermedia una empresa prestadora de servicios de custodia situada fuera de España. todo correcto hasta ahí. A la hora de exigir determinados datos, sin embargo, los expertos resaltan la falta de conocimiento sobre este sector de quienes han redactado el texto.
Así lo pone de manifiesto la obligación de informar sobre la “clave pública o dirección pública, o, en su caso, claves públicas, vinculada a la moneda virtual objeto de declaración”, según recoge el texto. Esta clave, añade el documento, “identifica el monedero electrónico del declarante en el que se encuentra la moneda virtual informada”. El problema, explica Emilio Pérez Pombo, asesor fiscal y economista experto en la materia, es que esa clave pública que exige Hacienda en el modelo 721 no existe para las monedas custodiadas, ya que el proveedor de servicios no asigna al cliente por defecto una de estas direcciones públicas. “Parece que al redactar el modelo han copiado y pegado las exigencias relativas a los depósitos bancarios o cuentas corrientes. Y eso en las criptomonedas no sirve”.
(Noticia extraída de Cinco Días)
