Las dudas de los trabajadores sobre permisos, bajas y despidos crecen al mismo ritmo que la inseguridad jurídica y la presión normativa abruman a los empresarios

Empleados y empresas se miran desde atalayas contrarias, aferrados a visiones dispares sobre las constantes reformas normativas en el terreno laboral. Así lo demuestra el análisis de las consultas gestionadas por Legálitas y por los abogados laboralistas de grandes despachos. El creciente interés de ambas partes por el derecho laboral es innegable. Según el Observatorio Jurídico de Legálitas, entre abril de 2024 y marzo de 2025, las consultas en esta materia representaron el 17,4% del total gestionado por su equipo de abogados, siendo la segunda materia más consultada solo por detrás de consumo (28,8%).

Las consultas sobre los derechos laborales sumaron casi un tercio del total de las preguntas de esta área recibidas por Legálitas en el último año (29,6 %). Dentro de este bloque, destacan aquellas que se refieren a los derechos de conciliación entre la vida familiar y laboral, como excedencias, reducciones de jornada, teletrabajo o adaptaciones horarias. También son habituales las dudas sobre el salario, especialmente, sobre el salario mínimo interprofesional, la adaptación al convenio colectivo y la revisión de finiquitos.

Asimismo, a los empleados les han surgido dudas sobre el disfrute de derechos como las vacaciones o los permisos retribuidos. Las llamadas sobre estas cuestiones se han concentrado principalmente, según Sergio Herrero, abogado de Legálitas, en relación con el permiso retribuido por hospitalización e intervención quirúrgica de familiares es el que más incertidumbre suscita. “Desde que fue ampliado de 2 a 5 días en junio de 2023 abundan las preguntas sobre cómo interpretarlo, ya que las empresas intentan limitar su disfrute, por lo que está siendo una fuente de conflictos”, comenta el abogado.

Las bajas médicas y las prestaciones vinculadas a la Seguridad Social y las Mutuas conforman el segundo bloque laboral con más llamadas gestionadas por Legálitas, con un 25,2% sobre total. Entre las cuestiones más repetidas están, por un lado, los procedimientos de impugnación de altas, los plazos de duración de la incapacidad temporal, las consecuencias del agotamiento del periodo de baja y el acceso a la incapacidad permanente. Y, por el otro, las dudas sobre la jubilación. “Son frecuentes las preguntas sobre los requisitos y la edad de jubilación, las posibilidades de jubilación anticipada, la compatibilidad entre pensión y empleo, la revalorización de las pensiones o los complementos de maternidad y brecha de género”, especifica Sergio Herrero.

Las consultas sobre la contratación laboral (16,8%) ocupan el tercer lugar en este ranking. Sobre este punto, los trabajadores quieren saber si sus contratos se ajustan a la legalidad, en especial, los temporales por circunstancias de la producción, así como si han firmado condiciones abusivas. Le siguen las dudas sobre despidos (12%), que abarcan desde la validez del procedimiento hasta los tipos de indemnización aplicables, con una creciente preocupación por las diferencias entre despido improcedente y nulo.

Empresas en alerta

Desde el otro lado de la mesa, las empresas encaran el escenario laboral con cierta inquietud. Los expertos consultados por CincoDías coinciden en que los constantes cambios en la normativa laboral y la creciente judicialización de las decisiones empresariales preocupan a las empresas por la inseguridad jurídica que les genera.

En cuanto a las dudas más frecuentes de los empleadores, Daniel Cifuentes, socio de laboral, compensación y beneficios de Pérez-Llorca, señala que son las relacionadas con la gestión del despido y las extinciones contractuales. “Además de que los requisitos legales son cada vez más exigentes, también hay una tendencia jurisprudencial que, en muchos casos, amplía el alcance de figuras como la garantía de indemnidad o la discriminación indirecta, lo que convierte en nulo lo que tradicionalmente habría sido calificado como improcedente”, analiza el abogado. Además, Cifuentes critica la falta de criterios judiciales unificados que provoca una sensación de inseguridad jurídica. “Nos encontramos con resoluciones contradictorias en cuestiones clave”, afirma.

Otro de los quebraderos de cabeza para las empresas, según indica Mireia Sabaté, socia responsable de laboral de Baker McKenzie, es “la gestión de la incapacidad temporal (IT) en su vertiente más amplia”. Desde cómo gestionar bajas que se extienden durante mucho tiempo hasta si puede haber un despido durante o después de una IT, pasando por si es posible hacer un seguimiento del trabajador durante su baja o cómo se debe resolver acerca de la retribución variable en esta situación.

En su despacho, explica Sabaté, en el último año también ha habido numerosas consultas sobre reorganizaciones empresariales, reversión del teletrabajo, movilidad internacional, diversidad e inclusión y derechos de la representación de las personas trabajadoras.

A esta lista de preocupaciones, Bruno Álvarez Padín, socio Sagardoy Abogado, añade los contratos de duración determinada y las consultas en materia de conciliación de la vida familiar y laboral. El abogado también opina que falta de seguridad jurídica en el entorno laboral se debe “a la excesiva cantidad de normas dispersas y la habitual regulación de aspectos laborales en normas no laborales”. Asimismo, reprueba el excesivo detalle regulatorio de determinadas materias que “provoca una limitación de la autonomía colectiva a la hora de implementar y regular soluciones adaptadas a los problemas laborales reales y concretos de cada empresa”.

Paz de la Iglesia, socia responsable del área laboral de DLA Piper, pone el foco en la dificultad de las compañías para asumir todas las obligaciones legales impuestas en los últimos años: “Planes de igualdad, canales de denuncia, protocolos de acoso, registros retributivos… Para todas las empresas, pero en particular para las pymes, sigue siendo un reto cumplir con todo ello”.

Reformas por venir

De cara a los próximos meses, los expertos coinciden en que la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales sin reducción salarial será el gran campo de batalla. “Tendrá un impacto relevante en el coste laboral de las empresas y en la organización de sus recursos humanos, de las jornadas laborales, los horarios y los turnos de trabajo”, advierte Álvarez Padín. A ello se suman las nuevas exigencias que están pendientes de regularse en la misma norma, como son el registro de jornada y la desconexión digital.

Todas estas reformas obligarán a adaptar convenios colectivos. De hecho, como apunta Mireia Sabaté, en algunos casos su negociación está enquistada a la espera de la regulación definitiva de estos temas.

Otra nueva norma anunciada es la Ley de Democracia en la Empresa. Su tramitación y eventual aprobación, explica Daniel Cifuentes, “abrirían la puerta a un nuevo marco en el que se reforzaría el papel de los representantes legales de los trabajadores en la toma de decisiones estratégicas, avanzando hacia modelos de cogestión o participación más propios de otras realidades europeas”. Algo que él considera una redefinición del equilibrio de poderes en el seno de las empresas y plantea interrogantes relevantes sobre su aplicación efectiva

Por último, Paz de la Iglesia menciona el plan de reindustrialización previsto en la Ley de Industria. “Si sale adelante parece que va a establecer la obligación de anticipar a la autoridad laboral el posible cierre o reducción de actividad que conlleve una importante reducción de empleo con 9 meses de antelación, así como la obligación de explorar alternativas que mitiguen los efectos asociados al cierre o reducción de plantilla”, explica la abogada.

(Noticia extraída de Cinco Días)