• Los fallos del sistema provocan el “riesgo” de reclamo de deuda abonada
  • El 10% de la deuda, hasta 81,6 millones, es anterior al año 2010

El Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) ha aportado hasta tres cifras diferentes sobre deudores y deuda pendiente de cobro por prestaciones de paro indebidamente percibidas a 31 de diciembre de 2013. Un baile de números que el Tribunal de Cuentas no ha pasado por alto en el Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas, que pone de manifiesto la existencia de informaciones repletas de “incoherencias, inconsistencias y errores”, que provocan un “control deficiente” por parte del Sepe, lo que “no permite una adecuada gestión de los cobros indebidos”.

Según recoge el informe, aprobado por la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda, los servicios centrales del Sepe cifran en 324.814 los deudores y en 582,3 millones de euros la deuda por cobros indebidos de prestaciones; mientras que las direcciones provinciales reducen la cifra a 320.396 deudores y 562,9 millones de euros.

Sin embargo, en un inventario llevado a cabo por el organismo a petición del Tribunal de Cuentas durante el proceso de fiscalización, el número de deudores detectados se elevó hasta los 418.272 euros y la deuda total superó los 769 millones de euros al término del ejercicio 2013.

Entre otras incidencias, el organismo fiscalizador señala que hasta 35.025 deudores constaban con informaciones diferentes según la base de datos consultada, que hay errores de registro o transcripción que conducen a “importes carentes de sentido”, y que el 10% de la deuda contabilizada en el inventario (que asciende a 81,6 millones de euros) es anterior a 2010 y, por tanto, está “presumiblemente prescrita”.

Además, 1,22 millones de los 47,21 millones de euros que los Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo incluyen en el inventario como deuda derivada de la responsabilidad empresarial han sido dados de baja por las direcciones provinciales por considerarlos “créditos incobrables”.

De igual modo, los datos de los servicios centrales del Sepe sobre el número de beneficiarios, el saldo vivo de deuda y el importe de cobros indebidos generados en 2013 son diferentes a los que aportan las direcciones provinciales, por lo que el Tribunal concluye que “la información proporcionada por las bases de datos que soportan el inventario no refleja la situación real de la deuda viva a 31 de diciembre de 2013”.

Avisos y recomendaciones
El organismo que preside Álvarez de Miranda advierte de que los servicios centrales del SEPE “no cumplen su función de homogeneizar y coordinar” a las direcciones provinciales y apunta a la inoperancia de las aplicaciones informáticas que, a su juicio, conlleva “errores, datos duplicados, riesgos e ineficiencias”.

“Este proceder no garantiza que todos los ingresos realizados hayan sido asignados correctamente a la cancelación de la deuda, por lo que existe el riesgo de que se reclame el cobro indebido a un deudor que ya lo haya abonado”, avisa el informe.

Así, en el marco de la lucha contra el fraude en las prestaciones por desempleo, el Tribunal recomienda al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que estudie la posibilidad de establecer un procedimiento especial de abono directo del Fondo de Garantía Salarial al Sepe de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas como consecuencia del abono de salarios de tramitación a los trabajadores.

Asimismo, el organismo propone mejorar el sistema de pago mediante transferencias bancarias del Sepe y valorar la posibilidad de incorporar nuevos medios de abono. Además, el informe del Tribunal hace hincapié en la necesidad de que el Servicio Público de Empleo identifique la deuda prescrita.

(Noticia extraida de El Economista)