Trabajo pretende impulsar “una estrategia más proactiva” con las empresas en la nueva prórroga.

Casi 940.000 de trabajadores afectados por ERTE recibieron algún tipo de formación durante el año pasado. La inmensa mayoría de beneficiarios, 797.226, lo habría hecho a través de los cursos organizados por las propias empresas. El resto ha accedido a estas acciones por las convocatorias que se canalizan a través del SEPE, según los datos del Ministerio de Trabajo a los que ha tenido acceso EL PAÍS, que ya han sido remitidos a los agentes sociales.

El impulso de la formación para las personas afectadas por ERTE ha sido una de las demandas de expertos en el mercado laboral y de organismos internacionales que han analizado estos programas de protección del empleo durante la pandemia. El último fue el Banco Central Europeo (BCE) la semana pasada. El objetivo es que quienes se ven afectados por una suspensión de contrato o una reducción de empleo no pierdan habilidades o, incluso, desarrollen alguna otra en este periodo. Esto puede ayudar a hacer más sencilla su reincorporación al puesto de trabajo o contribuir su reciclaje si, finalmente, fueran despedidos.

Para facilitar el acceso de este colectivo, el 15 de abril se aprobó una resolución de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). También en otoño se dio luz verde a un cambio normativo que facilitaba más la participación de este colectivo a los cursos.

A pesar de esto, en esta ronda de negociación la intención del Ministerio de Trabajo es seguir esas recomendaciones y darle un impulso a la formación, apuntan varias fuentes del departamento. “Ahora se trataría de ser más proactivos. De que nosotros, con los recursos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y el SEPE vayamos a las empresas que tienen trabajadores en ERTE para diseñar formación”, apuntaba a finales de la semana pasada una de esas fuentes. “Se trataría de una estrategia más proactiva”, añadía.

Para hablarlo con los sindicatos y los empresarios, Trabajo ha elaborado un informe provisional en el que se desglosan los datos de 2020 y que contiene solo los números de la Administración central, no los de las comunidades autónomas. Ese informe se ha remitido ya a los agentes sociales en el marco de la negociación de la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo que se está desarrollando esta semana. Ahí se detallan esos casi 800.000 participantes en acciones formativas diseñadas por las propias empresas.

Una fuente del diálogo social que sigue todos los temas de formación apunta que lo más probable es que ese volumen de participantes en cursos se haya dado a partir del verano, ya que en los datos de la primera parte del año el número de asistentes a estos programas había sido más bajo.

Por tamaño de las compañías, el mayor número de participantes trabajaba en las empresas más pequeñas, las que tienen cinco trabajadores o menos, en concreto, 183.933 afectados por ERTE. Le siguen los empleados de firmas con plantillas de 10 a 49 efectivos, 132.046. Y, en tercer lugar, aparecen los 117.417 participantes que están empleados en las grandes compañías con más de 5.000 trabajadores.

El informe también recoge el volumen de participantes por comunidades autónomas. En este punto, lógicamente, Madrid, donde se concentran el 21% del total, Cataluña (20%), Andalucía (11%) y Comunidad Valenciana (9,4%) encabezan el ránking, ya que son las zonas donde ha habido más afectados.

Además de la formación organizada por las empresas, también está la que se ofrece a través de los programas estatales. En ella el volumen es mucho más bajo, 142.023 trabajadores. De hecho, la modificación del pasado otoño se hizo para facilitar el acceso a esta modalidad. Aquí el desglose de participantes se puede realizar por sectores. Entonces se ve que los afectados en ERTE de la hostelería y el comercio —dos actividades muy golpeadas durante la pandemia— son los que más cursos de formación han recibido. También sobresalen quienes trabajan en el metal.

(Noticia extraída de El País)