El problema del relevo generacional en el campo, es decir, la continuidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, pasa en la mayoría de los casos por una cuestión económica: ser payés no da para vivir, tal y como están ahora mismo las cosas. Por eso, la Generalitat estudia crear una renta básica agraria que, según ha detallado el ‘conseller’ de Acció Climàtica, David Mascort, servirá para fijar a la población agraria, «especialmente para que la gente más joven vea que es rentable vivir del sector primario».

«El Govern se está planteando la posibilidad de encargar un estudio sobre la aplicabilidad de una renta básica agraria, con especial priorización de los jóvenes, que permita avanzar en la transformación del sector agrario hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, asegurar su viabilidad y fomentar el relevo generacional», ha subrayado Mascort en su intervención en el pleno monográfico sobre el mundo rural.

El ‘conseller’ de Acció Climàtica, que no ha hecho ninguna mención al cambio de nombre de su departamento, pero que sí ha dedicado buena parte de su discurso a relatar medidas aprobadas hasta ahora, ha hecho también énfasis en la necesidad de reformar el actual sistema de seguros agrarios. «Si el modelo hasta ahora funcionaba bien, ahora no se acaba de adaptar a la nueva realidad climática», ha afirmado Mascort.

Por eso, ha agregado, «la Generalitat trabaja ya con las organizaciones agrarias para elaborar una propuesta conjunta de revisión del actual sistema de seguros agrarios». En caso de que esta revisión no se produzca, «el Govern estudiará un sistema de seguros agrarios propio adaptado a las circunstancias del sector ya la nueva realidad climática para apoyar al sector catalán».

La ley de la cadena alimentaria

También ha intervenido ante el pleno el ‘president’ Aragonès, que la semana pasada llegó a un acuerdo con los agricultores para desactivar la protestas del campo en Catalunya. Pese a este pacto, sabe que es un conflicto que, ni de lejos, está cerrado. Es por este motivo que este martes ha pedido que el Estado también colabore a la hora de satisfacer las demandas de los payeses. En concreto, ha pedido que se promueva en el Congreso una modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria. Es una norma aprobada en 2021 que perseguía que el precio de los productos del campo no pueda ser menor a los costes de producción pero que, a juicio de la Generalitat, no está funcionando como debería.

Aragonès ya trasladó esta petición a Sánchez por carta hace unas semanas, pero este martes ha solemnizado su demanda desde el Parlament. Es una forma de urgir a la Moncloa de que no demore más esta cuestión. Su argumento es que, hasta la fecha, es una ley que se ha demostrado «insuficiente para evitar la producción por debajo del precio». Para la Generalitat, el campo tiene muchos retos que debe encarar, pero el principal es este: el bajo precio de los productos condena a la mayoría de agricultores a tener pérdidas.

Hasta ahora, el Gobierno ha hablado de «reforzar» la ley -el propio Sánchez lo hizo-, pero no ha dado los pasos necesarios para cambiarla. El ministro de Agricultura, Luis Planas, defendió que la norma estaba funcionando y que, si algo debía hacerse, era velar para su aplicación íntegra. Por lo tanto, cuando ya ha pasado algo más de un mes desde que estallaran las protestas, no parece que modificar esta ley esté entre las prioridades del Ejecutivo español.

A la Unión Europea

Aragonès ha dedicado parte de su intervención ante el Parlament a defender que la Generalitat carece de las competencias para aportar la mayoría de las demandas que plantea el campo. Y no solo se trata de la ley de la cadena alimentaria. También ha lamentado que desde la Unión Europea se plantean acuerdos con terceros países que acaban convirtiéndose en una «competencia desleal» para los agricultores locales. Es decir, que a estos agricultores se les exige unos estándares de calidad que no se exige a productos que vienen de fuera dela UE. Para Aragonès tiene que haber un «efecto espejo»: lo mismo que exige al productor local se tiene que exigir al extranjero.

(Noticia extraída de El Periódico de Catalunya)