La gestión fiscal de la tributación de los expedientes de regulación temporal de empleo se convierte en uno de los puntos a considerar

Queda menos de un mes para que empiece la Campaña de la Renta de 2020, que estará marcada por ciertas novedades impositivas que se deben tener en cuenta, como la gestión de la tributación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

La Agencia Tributaria informa de que la campaña comenzará el próximo 7 de abril al iniciarse el plazo de presentación por internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2020. A partir del 6 de mayo, se habilita la posibilidad de realizar la declaración a través del teléfono y, a partir del 2 de junio, de manera presencial en sus oficinas.

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En los dos últimos casos hay que pedir cita previa: a partir del 4 de mayo si se opta por la  vía telefónica y, a partir del 27 de mayo, si se prefiere acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria. La petición de citas se puede realizar hasta el 29 de junio incluido, ya que la campaña finaliza el 30 de junio.

Esta campaña presenta como novedad reseñable la obligación de realizar la declaración que tienen los trabajadores que han cobrado prestación por desempleo al estar incluidos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). La razón es que el límite de 22.000 euros anuales procedentes únicamente de rendimientos de trabajo para que un contribuyente no esté obligado a declarar deben provenir de un solo pagador. “Como los trabajadores en ERTE han tenido en 2020 dos pagadores, su empresa y la Administración, que es la que abona la prestación, deberán hacer la declaración”, señala José Pedreira, coordinador del Grupo de Expertos en IRPF de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

Diana Ferrer, doctora y profesora de Derecho Fiscal y Gestión Tributaria en ESADE, explica en el Podcast de Banco Sabadell, que “la mayoría de ERTE que se han pagado casi no cuentan con retención, porque no llegaban a los mínimos”. Esto se va a traducir en la práctica en que “mucha gente va a tener que pagar entre 800 y 1.000 euros más en esta declaración”, advierte la experta.

(Noticia extraída de Cinco Días)