La comisión parlamentaria ya tiene un borrador que, salvo cambios por estrategias electorales, intentará sacar adelante de forma urgente
La comisión para el seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo ha pisado el acelerador. Todos los grupos parlamentarios que discuten desde hace más de dos años la renovación de las recomendaciones para reformar el sistema de pensiones acaban de cerrar in extremis un borrador con el fin de aprobarlo antes de que se disuelvan las Cortes el próximo 5 de marzo.
En principio, y si no hay cambios de última hora que obedezcan a estrategias electorales, la intención de los grupos es aprobar un texto en esta comisión y trasladarlo para su aprobación en uno de los dos plenos que quedan por celebrarse. A falta de las últimas aportaciones de los partidos, estas son las principales recomendaciones del borrador consensuado en líneas generales por los grupos parlamentarios.
Serán indicaciones para que el Gobierno que salga de las urnas reforme la Seguridad Social:
- Principios generales. La recomendación número 0 hace una exposición de los objetivos generales del Pacto. Fija unas líneas rojas en las que los partidos firmantes “se oponen a cualquier transformación radical del sistema de pensiones”. O a otras reformas que respeten los esquemas básicos, pero “afecten al principio de solidaridad entre generaciones y dentro de cada generación y/o a la suficiencia de pensiones”. El otro principio general es el mantenimiento de las cotizaciones como fuente principal de ingresos, aunque añaden que estas “requieren de apoyos y recursos económicos adicionales, basados en la imposición general”.
- Separación de fuentes. En varias de las recomendaciones se cita la necesidad de que todas las prestaciones asistenciales y de carácter universal se paguen con “transferencias del Estado” que se financian con impuestos. Así, la recomendación número 1 determina incluso qué gastos deben dejar de pagarse con cotizaciones, liberando dinero para el sistema. En concreto, citan que los tributos deberán financiar las políticas de incentivos al empleo; las prestaciones asistenciales del sistema de protección por desempleo (esto es, los subsidios); ayudas a sectores productivos a través de la anticipación de la edad de jubilación, y el tratamiento favorable de algunos sistemas especiales o de los jóvenes en formación. Además, las prestaciones relacionadas con la maternidad o cuidado de familiares y el complemento de maternidad de las pensiones. De hecho, confían a esta separación de fuentes la eliminación de los números rojos del sistema. Así, consideran que la asunción progresiva de todos estos gastos por parte del Estado “debe ajustarse a un calendario que permita acabar con el déficit financiero de la Seguridad Social y con la política de préstamos del sistema en un plazo breve de tiempo que no podrá exceder el año 2025”. Este año será el tercero en el que el Tesoro otorga préstamos para sufragar los déficits del entorno de los 18.000 millones de euros anuales.
- Poder adquisitivo. El borrador incluye la única recomendación pactada hasta la fecha. Se trata de la polémica número 2, para la que se llegó a un acuerdo el pasado septiembre por todos los partidos, salvo ERC, para volver a revalorizar las pensiones “en base al IPC real”. Si bien, esta indicación propone también “recuperar el consenso” de esta misma recomendación aprobada en 2011. A este punto se aferran PP y Ciudadanos para precisar que aquella recomendación recogía la posibilidad de “utilizar otros índices de revalorización” basados en el crecimiento de los salarios, la evolución del PIB o de las cotizaciones.
- Convergencia de regímenes. Los integrantes apuestan por que la Seguridad Social llegue a tener solo dos grandes regímenes: uno de asalariados y otro de trabajadores por cuenta propia. Y “alcanzar una protección social equiparable [en estos dos regímenes] con una cotización similar de los trabajadores”. En este punto admiten medidas que recojan la jubilación anticipada y el trabajo a tiempo parcial de los autónomos. Pero con “los controles necesarios para evitar el uso inadecuado de tales opciones”. También piden “medidas para aproximar las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales”.
- Información al ciudadano. La comisión alienta al Gobierno a cumplir las obligaciones de información del artículo 17 de la Ley General de la Seguridad Social, para que cada ciudadano disponga de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión.
Lucha contra el fraude. Los firmantes piden una mayor cruce de datos e información entre la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y las Haciendas de las comunidades autónomas. Asimismo, defienden “mantener y actualizar” el control del cobro de prestaciones, “especialmente las de incapacidad temporal, para evitar el absentismo injustificado o su uso como mecanismo alternativo al desempleo”. También cree que se debe seguir combatiendo el registro de falsos autónomos y reforzarse los medios de la Inspección de Trabajo así como el régimen sancionador a las empresas. - Mujeres. Los diputados han destinado una de las recomendaciones a analizar cómo cerrar la brecha de género en materia de pensiones y proponen la adopción generalizada de medidas para acabar con las menores cotizaciones de las mujeres a la Seguridad Social. Entre las más novedosas está el planteamiento de que “se posibilite el traslado o reparto de cotizaciones”. El resto debería actuar sobre las lagunas de cotización, la menor cotización del tiempo parcial y de las carreras precarias o la revisión de las pensiones no contributivas o de viudedad.
(Noticia extraída de Cinco Días)
