El 28% y el 21% de los ceses corresponde al ERE que Telefónica cerró en 2013

Entre 2013 y 2024, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) había reclamado un total de 1.117 millones de euros, de los que ya ha ingresado 1.077 millones, a 108 empresas que, pese a registrar beneficios, hicieron despidos colectivos que afectaron a 32.197 trabajadores mayores de 50 años. Se trata de la conocida como ‘enmienda Telefónica’ que obligaba a las compañías a compensar al Estado por el gasto en prestaciones y subsidios por unos procesos que escondían una forma de prejubilación con cargo a las arcas públicas.

Respecto a 2023, la cifra supone un incremento de 77 millones de euros en las cantidades reclamadas, 80 millones en las ingresadas y 988 de profesionales ‘seniors’ despedidos. Las empresas han aumentado de 102 a 108. Pero hay que tener en cuenta que los procedimientos de reclamación son extremadamente lentos. En 2023 había 19 empresas pendientes en diversas fases. En 2024 eran 27. A esto se suma que los despidos colectivos de grandes empresas tardan años en completarse, lo cual provoca un decalaje aún mayor entre el acuerdo de los ceses y la sanción a la empresa.

Así, según los datos recién publicados por el SEPE, el 28 % del total de las cantidades ingresadas hasta finales de 2024, 305 millones de euros, corresponden al ERE que en 2011 presentó Telefónica. Es el único caso en el que se detalla el número de trabajadores afectados. Sin embargo, estos datos no incluyen la última regulación de empleo de la compañía, pactada a finales de 2023, pero que no empezó a contemplar las primeras salidas hasta 2024.

Fue precisamente aquel proceso, el que llevó al Gobierno del PSOE a cambiar la ley –a través de la conocida precisamente como ‘enmienda Telefónica’– para obligar a las empresas a compensar al Estado, mediante una aportación al Tesoro, por el coste en prestaciones y subsidios que suponen estos recortes de plantilla centrados en los trabajadores de mayor edad. Sin embargo, no fue hasta 2013, ya con el PP en el poder, cuando el SEPE desarrolló el procedimiento para calcular y reclamar de esas cantidades.

Las cifras no incluyen a los trabajadores afectados por otro tipo de despidos en empresas con pérdidas o individuales, pero son un buen indicador de las fórmulas para despedir que plantean las empresas.

Pero Telefónica no está sola en este tipo de ajustes. Por volumen de aportaciones económicas destacan también CaixaBank, con 186 millones de euros, Bankia, con 78 millones de euros, Iberia S.A, con 65 millones, Ibercaja, con 43 millones de euros, Unicaja Banco, con 26 millones de euros, Santander, con 23 millones de euros y Barclays con 21 millones de euros. Pero también se trata de procesos cerrados, de hecho son exactamente las mismas cifras que hace un año. El organismo dependiente de trabajo no desglosa los trabajadores afectados en cada uno de estos caso.

Las otras 100 empresas de la lista son un misterio, ya que no se ofrecen ni cantidades abonadas o reclamadas ni despidos sancionados. Lo cual es ersulta paradójico ya que el diseño de la mediada buscaba disuadir a las empresas de apostar por estas prácticas, que suelen ser la puerta de entrada a las ‘prejubilaciones’.

Esa opacidad es aún más llamativa porque pone el foco en un único despido colectivo por el que se terminó de abonar la deuda con el Tesoro en 2020, tras un accidentado proceso que duró siete años y en el que ha pasado de suponer el 87% al 28% del total de las cantidades adeudadas.

Una historia marcada por la opacidad

Aunque los sucesivos Gobiernos han sido reacios a facilitar estas informaciones más allá de alguna respuesta parlamentaria, el análisis de los informes del SEPE revela que la puesta en práctica de los dispuestos en la ‘enmienda Telefónica’ fue especialmente accidentada. Incluso la recaudación permanecía congelada entre 2016 y 2017 “debido a la falta de medios materiales y humanos en el SEPE”.

El mayor repunte se da a partir de 2019, aunque surge la duda de hasta qué punto se debe solo a un aumento de los casos o a una mejora del procedimiento que detectó despidos no reclamados en años anteriores. Lo que sí muestra es que en los años siguientes el repunte no se ha interrumpido.

Eso sí, se aprecia una cierta desaceleración en los despidos en los dos últimos años, con un incremento de apenas un 3% en 2024. Asimismo, se reduce la ‘morosidad’ de las empresas. En 2024 se ingresó el 96% de las cantidades adeudadas, porcentaje que en 2022 era del 82%. Una menor deuda pendiente que apunta a una mayor eficacia de los procesos de cobro. Ahora bien, las cifras no recogen los EREs anunciados en los dos últimos años, en Telefónica y otras empresas. Algunos están en las primeras fases de negociación, mientras que en otros solo se ha avanzado en medios de comunicación.

En todo caso, lo que parece claro es que la mayoría de esos procesos tendrán en el punto de mira a los mayores de 50 años, cuyo cese supone el mayor ahorro para las compañías, pese a la legislación introducida hace casi quince años.

(Noticia extraída de El Economista)