El TSJC admite a trámite un recurso del Gobierno central contra la norma catalana que sortea el decreto contra la universalidad La Generalitat tramitará una ley para blindar el acceso universal a la sanidad a inmigrantes en situación irregular. El consejero de salud, Toni Comín, retoma así una propuesta que ya había sido contemplada por el Parlament catalán la pasada legislatura y que, por la premura de las elecciones, hizo imposible su activación. El titular de Salud ha anunciado esta mañana en una entrevista a Catalunya Ràdio que el próximo martes el ejecutivo catalán dará luz verde a la puesta en marcha de una norma catalana que garantice la universalidad en el acceso a la sanidad. Este principio elemental del sistema sanitario español quedó fulminado con el Real Decreto estatal 16/2012, que ligaba el derecho a la asistencia a las rentas de trabajo, esto es, a estar asegurado en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Los ‘sin papeles’ se quedaban fuera, excepto en tres casos: urgencias, mujeres embarazadas y menores de edad. La Generalitat siempre se posicionó en contra del decreto estatal -afectaba a unas 180.000 personas en Cataluña- y sacó sucesivas instrucciones que flexibilizaban los requisitos de entrada al sistema. En un primer momento, el Gobierno catalán optó por supeditar la universalidad al empadronamiento, abriendo la puerta a la sanidad pública a aquellas personas que llevasen más de tres meses empadronadas en Cataluña. Sin embargo, esta instrucción, más indulgente que el decreto estatal, provocaba igualmente casos de exclusión sanitaria y, en 2015, reconociendo implícitamente que su norma tampoco garantizaba la universalidad, el entonces consejero de Salud, Boi Ruiz, amplió los supuestos para entrar en el sistema: desde el momento del empadronamiento, ya se podía acceder al primer nivel de asistencia (los programas de interés sanitario, como la atención a drogodependencias, prevención y atención al VIH y al embarazo y, además, urgencias en los hospitales). Al segundo nivel (atención primaria y especialista) se pasaba tras tres meses de padrón. Pese al apoyo que generó la norma -la Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Cataluña (Pasucat), que registraba y contabilizaba todos los casos de exclusión sanitaria que se producían en el territorio, celebró la flexibilización de la norma catalana aunque exigió desvincularla del padrón-, el consejero Comín ha explicado que el gobierno central presentó un recurso contra la instrucción catalana y el TSJC lo ha aceptado a trámite la semana pasada. “El Gobierno podría solicitar la suspensión de la instrucción”, ha señalado Comín. El riesgo de suspensión de la norma ha precipitado la decisión de la Generalitat y ha obligado a Salud a agilizar las gestiones para poner en marcha, cuanto antes, el engranaje burocrático que blinde, en una ley, la universalidad sanitaria. Para sortear el controvertido decreto estatal, la Administración catalana también firmó un acuerdo con Cruz Roja para dar tarjetas sanitarias a personas vulnerables que, aunque no cumplen los requisitos de acceso, precisan asistencia sanitaria constante. A principios de año, Salud había entregado 74 tarjetas a inmigrantes en situación administrativa irregular y en riesgo de exclusión social. Además, el pasado viernes, la Generalitat acordó con el Ayuntamiento de Barcelona crear un comité de acceso para evitar que ningún paciente tenga problemas para entrar a la red sanitaria por su situación administrativa. (Noticias extraída de El País)]]>
