El impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD) vuelve a ser un motor para las arcas de la Generalitat. Este gravamen, el que más recursos aporta dentro del conjunto de tributos autonómicos, se ha situado en un nivel de unos 1.500 millones de euros anuales, una cota como la del 2009.
Gracias a ese empuje, la Secretaria de Hacienda del Govern que dirige Lluís Salvadó estima que la recaudación por ingresos de tributos cedidos y propios, que son los que puede gestionar y liquidar la autonomía, puede alcanzar este año los 3.100 millones de euros, lo que apenas supone el 15% de los ingresos tributarios totales, donde los anticipos por el IRPF (7.753,1 millones), el IVA (5.924,6 millones) o los impuestos especiales (2.342 ,5 millones) son los que más pesan.
De hecho uno de los objetivos de la Conselleria de Economia es liquidar todos los impuestos propios y cedidos a partir del año que viene, al igual que hacen autonomías, como Canarias. Esta tarea la realizan actualmente los registradores de la propiedad a cambio de 25 millones anuales. También pretenden llevar a cabo todas las tareas de recaudación ejecutiva (embargos y demás) una parte de las cuales desarrolla la Agencia Tributaria estatal a cambio de 10 millones anuales.
Aunque todavía no se han alcanzado las cotas previas a la crisis, cuando se llegaron a recaudar con el impuesto de transmisiones casi 4.000 millones de euros (2006), este tributo se ha convertido en una de las esperanzas para mejorar los ingresos que esgrime la parte convergente de la coalición Junts pel Sí (JxS) para negar posibles retoques del IRPF, como defiende ERC, que está al frente de la Conselleria de Economia; y la CUP, que tiene la llave para aprobar los Presupuestos de la Generalitat para lo que queda de ejercicio.
CUENTAS PRORROGADAS
Desde el Ejecutivo catalán estiman que este impuesto puede aportar mucho más de lo previsto inicialmente, teniendo en cuenta que los presupuestos catalanes están prorrogados desde el 2015. A pesar de que ha experimentado una cierta ralentización en el primer trimestre del año en curso el apartado de transmisiones patrimoniales, con 280,3 millones, el 2,1% menos que en el primer trimestre del año pasado; la parte de actos jurídicos se ha disparado el 14%, hasta los 103,8 millones.
Si se hace una proyección anual, el ritmo de crecimiento fue del 15% en enero y del 8,4% en febrero, aunque se compara con un periodo de fuerte recuperación tras la debacle en plena crisis.
En su análisis sobre la evolución del gravamen, con las prevenciones lógicas al tratarse de un periodo corto del ejercicio y que pueden hacerse operaciones pero liquidarse con posterioridad, la dirección general de Tributs de la Generalitat constata “una tendencia creciente” en la recaudación de este gravamen, que está relacionada “principalmente con el crecimiento de las transacciones de vivienda usada desde enero del 2013.
BÚSQUEDA DE INQUILINOS
También la Agència Tributària de Catalunya ha sido más activa en la reclamación del pago del impuesto de transmisiones a los inquilinos de viviendas de alquiler. Aunque el gravamen había que pagarlo desde hace años, una nueva regulación incluida en la ley de acompañamiento de los presupuestos en el 2014, y estableció un tipo del 0,5% del importe del alquiler en al firmar el contrato.
El año pasado, este impuesto alcanzó los 1.470 millones, frente a los 1.274 millones del 2014 o los 1.048 millones del 2013, que fue el punto más bajo del ciclo y casi la cuarta parte de lo que llegó a recaudar en su punto más alto gracias al ‘boom’ experimentado por el ladrillo.
Uno de los motores para el crecimiento de este impuesto fueron medidas tomadas durante la primera legisltatura de CiU al frente del Govern en el 2013, con un incremento del 25% en el tipo de este tributo, al elevarlo del 8% hasta el 10%. La subida formaba parte de los acuerdos con ERC, que incluían aumentos y nuevos tributos, la mayoría de las cuales han sido paralizados por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno central.
El tributo, uno de los cedidos por el Estado como el de sucesiones o el de patrimonio, grava las compraventas de viviendas usadas, por la vía de las transmisiones patrimoniales; o las escrituras (actos jurídicos), así como las operaciones societarias (ampliaciones y reducciones de capital y otras operaciones de compañías que tienen la sede social en Catalunya).
(Noticia extraída de El Periódico)]]>
