La denominada operación ‘Columba’ se ha iniciado con la personación de más de 270 funcionarios de la Agencia en 76 locales distribuidos en 14 comunidades autónomas

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha más de un centenar de comprobaciones inspectoras a un total de 77 sociedades y 40 personas físicas vinculadas al sector de las franquicias de mensajería y paquetería. La operación se inició este miércoles, con la personación de más de 270 funcionarios de la Agencia en 76 locales distribuidos en 14 comunidades autónomas.

Estas inspecciones, según informa la Agencia Tributaria, se desarrollarán a lo largo de los próximos meses a partir de la obtención de pruebas inicial. Se analizarán supuestos de actividad no declarada, pagos en ‘B’ a trabajadores de las franquicias y la utilización de programas informáticos de ocultación de ventas para defraudar, lo que se conoce como software de doble uso y que ya se ha detectado en algunas de las personaciones ya realizadas.

Bajo el nombre de ‘Columba’ las inspecciones se han llevado a cabo en locales de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

Esta operación ha tenido su origen en denuncias previas, relacionadas con el sector de la mensajería y la paquetería.

Las directrices generales del Plan de Control Tributario de la Agencia para 2022 ponen el foco, entre otros objetivos, en la lucha contra el software de ‘doble uso’, en paralelo a la tramitación del Reglamento que regula los requisitos que deben adoptar los sistemas informáticos de facturación para garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Con la operación ‘Columba’ son ya 21 las macrooperaciones sectoriales coordinadas desplegadas por la Agencia en la última década, que hasta la fecha se han traducido en la liquidación de más de 370 millones de euros a 1.825 contribuyentes. Este tipo de actuaciones, además de facilitar la detección y regularización del fraude fiscal, permiten transmitir un mensaje disuasorio a los colectivos involucrados en estas prácticas, que tienen impacto en las arcas públicas y distorsionan gravemente la competencia en el propio sector afectado.

(Noticia extraída de Cinco Días)