La operación se ha desarrollado en Tarragona y ha destapado un fraude de 200.000 euros.
Una investigación de la Policía Nacional en Tarragona ha desmantelado cuatro empresas ficticias que se dedicaban a hacer contratos fraudulentos para estafar a la Inspección de Trabajo. Las pesquisas se han saldado con la detención de 72 personas y han sacado a la luz que las empresas contrataban personal con el único fin de cobrar las prestaciones de paro o regular la situación de ciudadanos extranjeros en el país. El fraude asciende a 200.000 euros y entre los detenidos, de distintas nacionalidades, hay supuestos trabajadores y también administradores de los negocios. Se les imputan cargos por falsedad en documento público oficial, fraude a la Seguridad Social y un delito contra el derecho de los trabajadores.
La policía dice haber recabado indicios para pensar que, desde el 2012 hasta la actualidad, las empresas ficticias, radicadas en la demarcación de Tarragona, se dedicaban a simular la contratación laboral de trabajadores. Daban de alta al personal con el objetivo de generar periodos de permanencia en el régimen de la Seguridad Social y poder cobrar, así, la prestación de paro.
La primera empresa había dado de alta hasta once trabajadores de manera fraudulenta. Por este caso, se han detenido 13 personas en Tarragona y Barcelona, entre las cuales el administrador y el apoderado.
En otro de los supuestos se pudo comprobar que, tanto el domicilio social aportado al registro mercantil como las direcciones de los diferentes centros de trabajo, correspondían a domicilios particulares que no tenían nada que ver con los promotores de la empresa. Además, estos ya habían sido investigados por la creación de otra empresa ficticia. En esta ocasión se constató que se habían dado de alta ocho personas de manera fraudulenta. Otras nueve contrataciones falsas se habrían realizado utilizando una tercera firma, con sede social en Tarragona.
La cuarta investigación arrancó en Reus en septiembre del año pasado. La policía descubrió que el administrador de una empresa de la ciudad estaba dando de alta a trabajadores de manera telemática, un proceder que le facilitaba la comisión del delito. Los 61 trabajadores, con los cuales no existía ninguna relación laboral, pagaban diferentes cantidades de dinero en función de los periodos de contratación. En muchos casos se utilizaron estos contratos para regular su situación administrativa en el país. En esta operación se detuvieron a 40 personas que habían sido dadas de alta en la Seguridad Social, así como al administrador de la supuesta compañía.
(Notícia extraída de El País)
