Se trata de las peores cifras de captación de los últimos siete ejercicios

Las aportaciones a planes de pensiones individuales se está reduciendo con fuerza. Entre enero y junio llegaron a este tipo de vehículos para la jubilación 1.102 millones de euros, lo que supone un 19,8% menos que en el mismo periodo de 2020. Desde hace siete años no se observaba un dato tan bajo. El deterioro de la fiscalidad está detrás de esta caída del ahorro a través de planes de pensiones.

De acuerdo con los datos facilitados por Inverco, la asociación de las gestoras de inversión, las contribuciones mensuales a planes individuales de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2021 fueron significativamente inferiores a las de los mismos meses de los últimos cuatro años, con caídas de entre el 8% y el 31%.

Los expertos consultados consideran que la explicación es clara: el cambio de fiscalidad. Desde el 1 de enero el límite máximo de aportación a planes de pensiones individuales ha pasado de 8.000 euros al año a solo 2.000 euros.

Estas aportaciones pueden descontarse de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que permite aligerar la factura fiscal. Eso sí, cuando se rescata el dinero ahorrado en el plan de pensiones, tras la jubilación, tributa de acuerdo al tipo marginal del IRPF, por lo que no se trata de una desgravación sino de un difermiento fiscal.

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende con esta medida que las rentas más altas no utilicen los planes de pensiones individuales para hacer arbitraje fiscal (ahorrarse impuestos altos durante su vida laboral y, tras la jubilación, tributar a tipos más bajos).

Desde las patronales de bancos y aseguradoras, que controlan el 95% de este tipo de productos, se ha criticado la medida al considerar que supone un desincentivo al ahorro para conseguir un capital adicional con el que completar la pensión pública de jubilación.

Patrimonio ahorrado

En España había acumulados, al cierre de junio, 124.000 millones de euros en planes de pensiones, de los que el 70% corresponden a planes de pensiones individuales, y el resto a planes de pensiones de empleo, que se promueven dentro de empresas y administraciones públicas.

El objetivo del Gobierno limitando los topes de aportación a planes individuales es precisamente fomentar el ahorro a través de planes de pensiones colectivos (en los que se mantiene el tope en 8.000 euros anuales).

El gran problema para lograrlo es que tan solo las grandes compañías tienen este tipo de planes, y en las Administraciones públicas llevan años sin hacer aportaciones. Además, los trabajadores de pequeñas empresas y los autónomos no pueden acceder a este tipo de productos.

Para solventar estas dificultades, el Ejecutivo quiere poner en marcha un gran plan de empleo de promoción pública, al que puedan adscribirse todos estos colectivos. Sin embargo, su definición aún está poco avanzada.

Entre los objetivos del proyecto está el tratar de extender lo máximo posible este tipo de previsión social complementaria, así como el conseguir que el nuevo fondo tenga unas comisiones muy bajas, de menos del 0,4% anual (frente al 1,2% que pagan ahora de media los planes de pensiones individuales.

Escrivá pretende sacar a concurso un pliego de condiciones para los bancos, mutualidades o sociedades de gestoras interesadas en postularse para gestionar el nuevo fondo, pero la regulación va más retrasada de lo que esperaba el sector.

(Noticia extraída de Cinco Días)