El número de empleados con estímulos para el retiro anticipado sube un 85% desde 2020

Los convenios colectivos y las cláusulas de jubilación están caminando en sentido contrario a la regulación de la Seguridad Social con un llamativo repunte de los premios a la jubilación antes de los 65 años. Estas cláusulas, que sirven como herramienta de reestructuración o renovación de las plantillas a través de premios económicos o bonificaciones, han escalado hasta alcanzar a más de 700.000 trabajadores a través de uno de cada cinco acuerdos colectivos vigentes, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Esta cifra es un 85% superior a la registrada en plena pandemia, cuando había 378.000 empleados cubiertos por esta cláusula. Este incremento refleja una tendencia en los aspectos laborales que planifican también la jubilación y que es acorde al progresivo envejecimiento de la población activa. “La aplicación de incentivos de jubilación en España muestra una tendencia creciente, tanto a nivel estatal como en el ámbito de los convenios colectivos”, señala Alberto Novoa, vocal de la Junta Directiva de los abogados laboralistas (ASNALA).

Mientras el Gobierno ha penalizado aún más las salidas anticipadas del mercado laboral reformando el sistema público de pensiones, la negociación colectiva ha tomado otra vía: la de las indemnizaciones, o bien los pagos únicos o periódicos para quienes opten por la salida prematura para compensar unos recortes en la pensión que pueden superar el 20% para quienes adelantan más meses su salida.

La negociación colectiva está formada por los sindicatos más representativos en cada sector o Comunidad Autónoma, que pactan con las patronales y las empresas aspectos elementales como las mejoras salariales, la duración de la jornada laboral y todos aquellos aspectos relativos al empleo, la contratación, la formación o la seguridad en el trabajo, entre otros puntos. También existen convenios firmados exclusivamente para una empresa. El pasado ejercicio había 1.773 convenios firmados y registrados que alcanzaban a más de 4,4 millones de trabajadores, según la estadística anual del Ministerio de Trabajo y Economía Social con datos registrados hasta junio del presente 2024.

Hay un apartado específico que desgrana aquellas cláusulas que hacen efecto sobre la jubilación, entendida como una causa de la extinción del contrato que no siempre cumple con la edad que muchos tienen en mente: los 65 años una vez cumplidos los 38 años de cotización, o 66 años y 6 meses de incumplir este requisito en 2024. Las cláusulas de jubilación son un mecanismo o instrumento de la política de empleo a aplicar en la estructura de las plantillas.

Estas cláusulas sirven a las empresas y los sindicatos como un instrumento de renovación o de reducción de costes a través de la reestructuración de la plantilla como en su percepción más común de señalamiento del final de la vida laboral de los trabajadores. Según lo comentado, las que premian la salida antes de los 65 años alcanzan a algo más del 15% de los empleados cubiertos por la negociación colectiva, un porcentaje ligeramente similar a la de hace una década, cuando el número de trabajadores con estímulos para la jubilación antes de los 65 años superaba los 811.000.

Contra la reforma de pensiones

Las cláusulas incentivan económicamente la jubilación del trabajador, algo que sucede con más intensidad en el caso de las jubilaciones anticipadas. Esto choca con la normativa que ha venido aplicando el Ministerio de Seguridad Social, que ha endurecido más los recortes en la pensión para aquellos supuestos en los que la salida anticipada sea voluntaria.

Novoa, vocal de ASNALA y socio de RocaJunyent, señala la pérdida de experiencia en las plantillas, así como el elevado coste de la jubilación anticipada en el sistema de pensiones de estas prácticas por el vicioso efecto de la pérdida de cotizaciones sociales que deja de recibir la Administración.

La aplicación de estas cláusulas específicas no es generalizada, pese al abultado número de trabajadores cubiertos o los convenios que las incluyen. “En España, la diversidad en la aplicación de estos incentivos refleja la necesidad de adaptarse a las circunstancias específicas de cada sector y empresa”. Otros países también aplican esta herramienta para gestionar la transición hacia la jubilación bajo diferentes modelos.

“La jubilación anticipada y parcial son opciones populares, y los planes de pensiones complementarios están ganando terreno”, destaca Novoa. La regulación ha encaminado también la previsión social hacia el terreno de la negociación colectiva. El mejor ejemplo es el plan de reciente creación de la construcción, que en nueve meses ya es el mayor de España y fue acordado por convenio en 2023.

“Los convenios colectivos juegan un papel crucial en la implementación de estos incentivos, especialmente en sectores con trabajos físicamente exigentes. Sin embargo, la cobertura y el tipo de incentivos pueden variar significativamente según el sector y la empresa”, afirma el abogado.

(Noticia extraída de El Economista)