Jueces y fiscales plantaron cara este martes al Gobierno y a su ministro de Justicia, Rafael Catalá, con un huelga con un amplio seguimiento, convocada por primera vez por las siete asociaciones que representan al colectivo. Según sus propios datos, 3.537 magistrados, un 65%, y 1.297 representantes del ministerio público, un 51,9%, secundaron la protesta, convocada para reclamar tribunales más modernos, independientes, con más medios y mejores condiciones laborales para sus principales operadores. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rebajó la cifra de seguimiento, en el caso de jueces y magistrados, a 2.916, el 53%.
En el caso de Catalunya, según el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un total de 450 de los 719 jueces y magistrados activos hoy en Cataluña han secundado la huelga convocada por las asociaciones judiciales, lo que supone el 62,6%.
En cualquier caso, Catalá respondió al paro asegurando que “buena parte de las reivindicaciones” son compartidas por el Gobierno y están incluidas ya en leyes en fase de tramitación. Si bien, según las asociaciones convocantes, de diferente color político pero que han optado por la unidad de acción sindical para dar un toque de atención al Gobierno y los partidos -que han roto las negociaciones para alcanzar un pacto por la Justicia-, el balance de los últimos meses es “decepcionante”.
De hecho, tildaron la huelga de “éxito” y pidieron al Ejecutivo y al CGPJ que “busque soluciones” a sus “razonables peticiones”. En el 2009 y 2013, Mariano Fernández Bermejo, del PSOE, y Alberto Ruiz-Gallardón, respectivamente, sufrieron protestas similares (sobre todo de jueces), pero por primera vez la convocatoria llegó de forma conjunta de todas las asociaciones.
El malestar por ‘La manada’
Los siete colectivos -cuatro de jueces y tres de fiscales- ya unieron sus voces el pasado 30 de abril para reclamar la dimisión del ministro de Justicia por haber insinuado que el magistrado que emitió el voto particular en la sentencia de ‘La manada’ tenía “algún problema singular”, declaraciones que consideraron una “intromisión” y “una temeridad”.
Y el enfrentamiento continuó este martes a cuenta de los datos de seguimiento del paro y su afectación a los juicios y diligencias previstas. El comité de huelga acusó al Ministerio de dar instrucciones a los secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia para prohibirles facilitar datos de actuaciones suspendidas. El TSJ de Madrid ratificó conocer esta orden pero Catalá negó cualquier tipo de boicot.
(Noticia extraída de El Periódico de Catalunya)
