El Gobierno ha firmado un preacuerdo con los sindicatos para reducir la edad de prejubilación de los mineros dentro de su plan para acabar con la actividad en las cuencas mineras. El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera pactó en la madrugada del lunes al martes que la edad de retiro en el sector se adelante a 48 años -desde los 52 actuales- o 20 años de cotización.
En la práctica, este acuerdo -que entrará en vigor en 2019- permitirá el retiro de los trabajadores con 45 años de media, según explican a EL MUNDO fuentes conocedoras de las negociaciones. En estos momentos hay 2.167 personas afiliadas al Régimen de la Minería, algo más de una décima parte de los 19.000 que ocupaba el sector en los inicios de siglo. Las personas que puedan acogerse a la prejubilación anticipada conservarán un 72% de su retribución anual bruta. Este coste irá cargado sobre las cuentas del Instituto para la Reestructuración del Carbón hasta que los trabajadores alcancen los 65 años, cuando pasarán al régimen general.
Aquellos empleados que no puedan acogerse a la prejubilación gozarán también de garantías sociales como el derecho al reconocimiento de cobro de la prestación de desempleo por el periodo máximo legal -dos años- con independencia del tiempo acumulado que tengan de cotización.
El plan del Gobierno incluye además una nueva batería de ayudas públicas por importe de 250 millones de euros en el próximo lustro dirigida a fomentar actividades alternativas y restauración de los territorios afectados: Asturias, Castilla y León, Aragón y Puertollano. Este plan incluye inversiones en nuevas instalaciones de generación renovable y actuaciones de impulso económico.
Además, el ministerio crea la figura del Contrato de Transición Justa para facilitar la contratación de ex empleados del carbón en estas actividades. El plan de Transición Ecológica es ceder estas actuaciones a comunidades autónomas y ayuntamientos y supervisar el cumplimiento de los objetivos vinculados a estas actuaciones para evitar el derroche y la mala gestión que se ha hecho en el pasado con los miles de millones de euros públicos enterrados en el sector.
El Gobierno probará este nuevo sistema de regeneración laboral a pequeña escala en el carbón -ya que la mayor parte de los trabajadores podrán retirarse-, si bien el objetivo es que mecanismo juegue un papel clave en la transición que marcará el final de actividad de grandes industrias como la nuclear.
El ministerio presentará ahora el acuerdo a la patronal Carbunión. De esta reunión saldrá una cifra aproximada de los trabajadores que se acogerán al nuevo régimen, ya que todavía está en el aire el número de empresas que dejarán de operar el próximo 31 de diciembre tras la entrada en vigor de la nueva normativa comunitaria. El nuevo reglamento de Bruselas impide seguir manteniendo su actividad a aquellas empresas mineras que hayan cobrado ayudas públicas si no son capaces de reembolsarlas al Estado, una situación improbable para la totalidad del sector.
(Noticia extraída de El Mundo)
