El ministro de Justicia se ha reunido con los representantes de las principales asociaciones de jueces y magistrados, con quienes ha abordado varios asuntos como el despliegue de Justicia digital, la implantación de nuevas tecnologías y la recuperación de derechos por parte de este colectivo.

En el encuentro, al que han asistido el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, el representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, el portavoz nacional de Jueces para la Democracia, Ignacio González, y la presidenta del Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, se han evaluado las medidas adoptadas en materia de Justicia digital y la implantación de las nuevas tecnologías en los tribunales de Justicia, entre las que destaca el desarrollo del sistema de gestión procesal común y del expediente judicial electrónico.

El Ministerio se ha comprometido a abrir una línea de trabajo con las asociaciones de jueces y magistrados en relación con las mejoras de los sistemas y aplicaciones informáticas que faciliten su trabajo diario.

El ministro ha adelantado que próximamente se procederá a la creación de nuevos órganos judiciales, entre los que se prestará especial atención a los juzgados de primera instancia, de lo mercantil, de lo social y de lo penal. Durante los últimos meses se han realizado gestiones con las comunidades autónomas y con el Poder Judicial para poder detectar aquellos ámbitos donde existe una mayor necesidad de nuevos juzgados. En el mes de septiembre, una vez realizado ese trabajo preparatorio, se aprobará el Real Decreto por el que se procederá a su creación.

Además, el ministro ha presentado a las asociaciones una nueva iniciativa que se registrará la próxima semana en el Congreso de los Diputados, por la que se modificarán los días de vacaciones y de permiso de jueces y fiscales, así como del resto del personal de la Administración de Justicia de forma que vuelvan a disponer de los mismos días de los que disfrutaban antes de las medidas adoptadas en 2012 para cumplir con los objetivos de austeridad y eficiencia.

(Noticia extraída de El Derecho)