Un futuro digital: La transformación de la facturación en el tejido empresarial español.

En un esfuerzo conjunto por modernizar y digitalizar el entorno empresarial, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, junto con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha dado un paso significativo hacia la digitalización de los procesos de facturación en España.

Este avance se materializa con la presentación ante la Comisión Europea del borrador para el desarrollo reglamentario de la conocida Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, o Ley Crea y Crece. Esta legislación viene a modificar el marco normativo existente, establecido por el Real Decreto 1619/2012, abarcando tanto las facturas en formato físico como las digitales.

La Ley Crea y Crece: un catalizador para el cambio

Desde su implementación en 2022, la Ley Crea y Crece ha marcado un antes y un después en la gestión empresarial, especialmente para las pymes y grandes corporaciones. Su conjunto de medidas está diseñado para abordar problemas crónicos como la morosidad, al tiempo que promueve la creación de nuevas empresas, mejora la trazabilidad de las operaciones y optimiza el control sobre los pagos.

La reciente actualización legislativa y la acción decidida del gobierno español subrayan el compromiso con la adopción obligatoria de la factura electrónica, un cambio que se vislumbra en el horizonte cercano.

Hacia la obligatoriedad de la factura electrónica

La transición hacia la factura electrónica se encuentra en una fase crucial, pendiente de la aprobación del reglamento que definirá los aspectos técnicos necesarios para su implementación, como los formatos aceptados y los procedimientos para su envío a la administración.

Aunque el proceso ha experimentado ciertas demoras, se anticipa que 2024 será el año en que esta normativa entre finalmente en vigor. Las empresas con ingresos superiores a ocho millones de euros tendrán un año para adaptarse a esta nueva realidad, mientras que las de menor tamaño dispondrán de dos años para su implementación.

Una vez cumplidos estos plazos, la factura electrónica se convertirá en una obligación para todas las empresas y autónomos en España, marcando un hito en la digitalización de las relaciones comerciales. El borrador del reglamento ya esboza detalles cruciales sobre este cambio y cómo afectará a las empresas españolas.

Adaptación y planificación: claves para la transición

Diana Salazar, gerente de ventas de integración B2B en Generix, una empresa especializada en soluciones tecnológicas, enfatiza la importancia de anticiparse a estos cambios. La adaptación a la factura electrónica modificará profundamente las interacciones habituales entre clientes y proveedores, lo que requiere una planificación y adaptación estratégica desde ahora.

Aspectos destacados del reglamento técnico

El nuevo marco normativo introduce cambios significativos, como la eliminación del requisito previo de informar el estado de pagos al SII, optando en su lugar por un sistema directo de comunicación con la Solución Pública de Facturación. Este ajuste promete simplificar los procesos administrativos para las empresas.

Contrario a las especulaciones iniciales, el formato Facturae se mantendrá como la sintaxis estándar para la solución pública, asegurando la continuidad en el uso de este formato bien establecido.

Solo los empresarios o profesionales autorizados podrán emitir documentos de cargo o abono, basándose en la factura rectificativa emitida por el proveedor, lo que añade una capa de formalidad al proceso.

En ausencia de rechazo o emisión de una factura rectificativa, se asumirá que las facturas han sido aceptadas, simplificando el proceso de confirmación entre partes.

La plataforma pública de facturación electrónica incorporará herramientas que permitirán a los emisores notificar voluntariamente el cobro o impago de facturas, mejorando la transparencia y el seguimiento de las operaciones.

Se otorgará un plazo adicional de 36 meses para la notificación del estado de pago de las facturas a aquellos profesionales cuya facturación no supere los 8 millones de euros, ofreciendo un margen de adaptación más flexible.

El reglamento detalla la colaboración con las Diputaciones Forales y la Hacienda Foral en el envío, recepción o descarga de facturación electrónica, asegurando una implementación armonizada a nivel nacional.

La transición hacia la factura electrónica es un componente clave en la estrategia de digitalización de España, prometiendo transformar el paisaje empresarial con mayor eficiencia, transparencia y control. A medida que nos acercamos a su implementación obligatoria, la preparación y adaptación proactiva serán esenciales para navegar con éxito en este nuevo entorno digital.

La importancia de la formación y el apoyo tecnológico

En este contexto de cambio hacia la digitalización, resulta crucial subrayar la importancia de la formación y el apoyo tecnológico para las empresas, especialmente para las pymes. La adaptación a la factura electrónica no solo implica un cambio en los sistemas de facturación, sino también una oportunidad para revisar y mejorar los procesos internos.

Invertir en formación para los equipos y en soluciones tecnológicas adecuadas facilitará una transición suave hacia este nuevo modelo, minimizando los impactos negativos y maximizando los beneficios de eficiencia y transparencia. Este enfoque proactivo no solo prepara a las empresas para cumplir con las nuevas regulaciones, sino que también las posiciona favorablemente en un mercado cada vez más digitalizado.

(Noticia extraída Cinco Días)