El Ejecutivo ya contempla comenzar las negociaciones para reformar el despido y hacerlo «restaurativo» a principios de 2025.

Las carpetas se acumulan en las mesas del Ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz y el Ejecutivo ya plantea comenzar con la reforma del despido una vez se cierre la negociación con la patronal y los sindicatos para recortar la jornada laboral. Ya a finales de año o incluso entrado 2025.

Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran estar preparando ya los trabajos para hacer una propuesta de modificación al diálogo social. PSOE y Sumar acordaron en el pacto de Gobierno «establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral«. Es decir, remozar un asunto que quedó fuera de la reforma laboral de 2021.

Ahora bien, el Ejecutivo está ahora más urgido ya que la semana que viene se podrá publicar la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales a la denuncia que presentó el sindicato UGT sobre el coste del despido. Y todo indica que la decisión será condenatoria para el Reino de España, por fijar unas indemnizaciones por despido que contravienen la Carta Social Europea.

Así, por un lado, fuentes del Ministerio de Trabajo detallaron que pretenden poner encima de la mesa una modificación del despido para hacerlo «restaurativo» o reparativo. Esto es, que tenga en cuenta las circunstancias del trabajador que haya sido de manera improcedente para modular la indemnización por despido, o fije una cuantía mínima para desincentivar los despidos para contratos de poca antigüedad.

Las reforma también contemplará una modificación de las causas del despido objetivo. En concreto, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha puesto el foco en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, precisamente los que abordan esta cuestión para los despidos individuales y también los colectivos.

En concreto, el Ejecutivo quiere eliminar una mención concreta dentro de las causas económicas que justifican los despidos. Ahora mismo, con la reforma laboral de 2012 que elaboró la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, se puede justificar esta decisión para una compañía con «una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas».

Esas «pérdidas previstas» es con lo que quiere acabar el Gobierno, ya que entiende que se pueden justificar esos despidos con «futuribles».

En esta línea, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha insistido recientemente en que las empresas con beneficios no deberían poder acudir a expedientes de regulación de empleo (ERE), como se ha pactado recientemente en el caso de Vodafone o como sucedió con Telefónica hace unos meses.

En su reciente Informe Anual, el Banco de España advirtió sobre la posibilidad de este despido restaurativo. «Para favorecer la necesaria reasignación sectorial y ocupacional del empleo, podría resultar adecuado seguir avanzado en la definición de las causas objetivas de despido y en la reducción de la incertidumbre asociada a estos procesos. Esto sería particularmente relevante en el contexto de una posible determinación de las indemnizaciones por despido improcedente mediante costes disuasorios y reparativo, que propiciara que la cuantía de dichas indemnizaciones variase en función de la situación personal de cada trabajador», apunta el supervisor.

Si la decisión de la institución del Consejo de Europa se implementa y se crea un ‘despido variable’, esto «aumentaría, previsiblemente, la conflictividad judicial por despidos y la incertidumbre y el coste de dichos procesos, con potenciales efectos negativos sobre el empleo».

(Noticia extraída de Economía Digital)