Abonará unos 11 millones de euros a 8.200 madres y padres en cuatro meses tras haber devuelto ya 960 millones a otros 734.000 contribuyentes.
El Ministerio de Hacienda ha decidido finalmente devolver también el IRPF de las prestaciones de maternidad y paternidad cobrado a aquellos contribuyentes que reclamaron judicialmente o a la administración y recibieron una resolución en contra antes de que el Tribunal Supremo declarara exentas estas ayudas.
Así lo ha anunciado hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras reunirse con un grupo de representantes de la Asociación de afectados por el IRPF de maternidad y paternidad.
Montero ya lanzó en diciembre un formulario digital en diciembre para permitir que los beneficiarios de estas prestaciones solicitaran la devolución del impuesto indebidamente cobrado desde 2014, último año en el que la irregularidad no habría prescrito.
El Gobierno reaccionaba así a la sentencia del Supremo del pasado octubre que declaraba exentas de impuestos estas ayudas públicas. Hacienda extendió además la devolución a los beneficiarios de la prestación de paternidad, que el tribunal no citaba expresamente, y a los funcionarías dependientes de mutuas.
Como resultado, la Agencia Tributaria devuelto ya 960 millones de euros a 734.000 contribuyentes, el 90% de los reclamantes, y confía en dar respuesta al resto de peticiones recibidas en las próximas semanas.
Esta solución, sin embargo, dejó fuera a los pioneros en reclamar la devolución del tributo que ya habían obtenido un fallo judicial o una respuesta administrativa negativa antes de la sentencia del Supremo.
Tras consultar a la Abogacía del Estado, Hacienda ha extendido ahora su solución a este colectivo remitiendo hoy una orden a las delegaciones provinciales para que acepten devolver el dinero a quienes, contando ya con un fallo firme en contra, reclamen a través del formulario electrónico.
La medida está enfocada a quienes hayan cobrado la ayuda desde 2014, lo que beneficiará a un grupo numeroso que reclamó tras la sentencia favorable del Tribunal de Justicia Superior de Madrid de 2017. Más allá, Hacienda analizará casi a casi los procesos anteriores cuya judicialización haya interrumpido el plazo de prescripción.
El Ministerio estima que la medida supondrá la devolución de unos 11 millones de euros adicionales a cerca de 8.200 contribuyentes, según ha explicado Montero en rueda de prensa.
Eli Fernandez, presidenta de la asociación de afectados ha celebrado la solución, que se espera permita al colectivo recuperar su dinero en unos cuatro meses, pero ha reclamado a las haciendas forales que tomen una medida similar a la de la administración central para permitir que vascos y navarros también se beneficien.
(Noticia extraída de Cinco Días)
