Trabajo aprueba un nuevo mapa de ayudas dirigidas exclusivamente a contratos fijos, salvo los temporales de sustitución por conciliación que también estarán incentivados

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una reforma de los incentivos a la contratación laboral, que recoge un nuevo mapa de bonificaciones para promover la contratación y el mantenimiento del empleo estable, prioritariamente colectivos vulnerables o de baja empleabilidad, como parados de larga duración, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. Entre los nuevos incentivos que se crean en el Real Decreto aprobado hoy está una bonificación de 275 euros al mes durante tres años por la contratación indefinida de menores de 30 años sin cualificación que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Junto a esta bonificación, habrá otras dos también novedosas. La primera será una ayuda en la cotización de 138 euros al mes durante tres años o durante la vigencia del contrato para personas con discapacidad por la contratación indefinida o incorporación como socios en la cooperativa o sociedad laboral de personas que realizan formación en prácticas en las empresas. Y, en segundo lugar, habrá una bonificación para las empresas que transformen contratos temporales en fijos discontinuos dentro del sistema especial agrario por cuenta ajena. Esta última ayuda será de 55 euros por mes

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido hoy tras la reunión del Consejo de Ministros para destacar que, con el Real Decreto-ley aprobado hoy, “todo” el sistema de incentivos se dirige a fomentar la estabilidad del empleo, de forma que deja de “premiarse” la contratación temporal, salvo para los contratos de sustitución ligados a la conciliación de la vida laboral y familiar, informa Europa Press.

Díaz ha argumentado que las bonificaciones a la contratación se habían convertido en un “peso muerto”, pues favorecían a las personas que estaban en mejor posición en el mercado laboral en lugar de a las más vulnerables.

Con esta norma, que entrará en vigor en septiembre, se corrige esta situación, se adapta el sistema de incentivos al marco contractual de la reforma laboral y desaparecen “definitivamente” las reducciones de cotizaciones.

Las empresas que reciban incentivos a la contratación tendrán que mantener el empleo durante tres años. Estos incentivos, que anteriormente estaban “dispersos” en varias normas, pasan a ser lineales, y no porcentuales. Así, por ejemplo, la contratación de jóvenes menores de 30 años no cualificados se bonificará con 275 euros mensuales.

Díaz ha subrayado que se han eliminado “un montón” de bonificaciones y se han creado otras nuevas, como la de los menores de 30 no cualificados ya mencionada o la que se concederá por convertir contratos eventuales en fijos-discontinuos.

También se contemplan bonificaciones para impulsar el autoempleo y la economía social, permitiéndose la capitalización de la prestación por desempleo, como medida de fomento del empleo, tanto para las sociedades laborales como para las cooperativas, posibilitando que los trabajadores por cuenta ajena puedan adquirir la condición de socios trabajadoras o de trabajo.

Al mismo tiempo, el Real Decreto-ley permitirá que puedan ser incentivadas las medidas acordadas en los convenios colectivos que incluyan compromisos como el mantenimiento o el incremento del empleo, la conversión de contratos formativos o de relevo en indefinidos o la mejora del empleo indefinido a tiempo parcial o fijo-discontinuo en empleo indefinido a tiempo completo u ordinario.

El nuevo sistema se evaluará de forma permanente, con lo que “ningún incentivo tendrá carácter estructural”, pues sólo se mantendrán los que funcionen, según ha indicado la vicepresidenta segunda.

EMPRESAS QUE SE DESLOCALICEN DEBERÁN DE VOLVER LAS AYUDAS.

Díaz ha resaltado además que esta norma forma parte de las reformas comprometidas a Bruselas en el Plan Nacional de Recuperación. En concreto, con ésta, ya son diez de un total de once las reformas puestas en marcha que se habían prometido a Bruselas en el componente 23 del Plan de Recuperación.

Las bonificaciones a la contratación suponen en su conjunto un 25% del gasto total en políticas activas del mercado de trabajo. En 2020, por ejemplo, las bonificaciones de cuotas con cargo al presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ascendieron a 1.821,6 millones de euros.

La norma establece que las empresas que procedan al traslado de su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios que no formen parte de la Unión Europea o del de Espacio Económico Europeo (EEE) deberán proceder a la devolución de todas las bonificaciones a la Seguridad Social de las que se hayan beneficiado durante los cuatro años inmediatamente anteriores a la deslocalización, con el recargo y los intereses de demora correspondientes. Igualmente, tendrán que reintegrar las subvenciones públicas obtenidas en materia de contratación y empleo.

(Noticia extraída de Cinco Días)