Los empresarios comunitarios sobreendeudados, que gocen de buena reputación, tendrán acceso a un procedimiento que les pueda llevar a la plena exoneración de deudas en un plazo no superior a tres años, si se atienen a las exigencias establecidas por la Directiva de Insolvencia, que ayer aprobó el Consejo Europeo y que, previamente, había aprobado el Parlamento de la Unión Europea.
La Comisión estima que ofrecer una auténtica segunda oportunidad a los empresarios para retomar su actividad crearía tres millones de puestos de trabajo en la UE, teniendo en cuenta que hay 200.000 empresas en concurso de acreedores cada año (o 600 al día), lo que se traduce en la pérdida de 1,7 millones de puestos de trabajo directos.
La nueva Directiva de Insolvencia permitirá la plena exoneración de las deudas en un plazo máximo de tres años
Alerta temprana
Las empresas en dificultades financieras podrán acceder desde una fase temprana de esta situación a otra de reestructuración preventiva que les ayude a evitar la insolvencia. Para ello, el texto introduce otra medida decisiva para los deudores, que podrán disfrutar de una suspensión de las ejecuciones singulares durante, al menos, un plazo de cuatro meses, para favorecer las negociaciones de un plan de reestructuración .
Estos marcos estarán disponibles a petición de acreedores y representantes de los trabajadores. Así, se facilitarán las negociaciones sobre los planes de reestructuración preventiva con el nombramiento, en determinados casos, de un administrador en materia de reestructuración que ayude a elaborar el plan diseñado.
Las nuevas normas prevén una serie de elementos que deben formar parte del plan, entre ellos, una descripción de la situación económica, mención de las partes afectadas y sus categorías o las condiciones de los planes.
Además, se creará un sistema de alerta temprana y acceso a la información para ayudar a los deudores a detectar las circunstancias que puedan provocar una insolvencia y advertirles de la necesidad de actuar lo antes posible.
El objetivo general de la Directiva es reducir los obstáculos más importantes a la libre circulación de capitales derivados de las diferencias entre los Estados miembros en materia de marcos de insolvencia y de reestructuración y mejorar en la UE la cultura del rescate basada en el principio de la segunda oportunidad.
Las nuevas normas también tienen por objetivo reducir la cantidad de préstamos no productivos en los balances financieros de los bancos y evitar la acumulación de dichos préstamos en un futuro.
En este mismo empeño, la norma pretende establecer un equilibrio adecuado entre los intereses del deudor y los del acreedor para hacerlo posible.
La Comisión presentó su propuesta el 22 de noviembre de 2016. Las nuevas normas complementan el Reglamento sobre insolvencia de 2015, que se centra en resolver los conflictos de competencia y legislativos en el marco de procedimientos de insolvencia transfronterizos, y garantiza el reconocimiento de sentencias relacionadas con la insolvencia en toda la Unión.
(Noticia extraída de El Economista)
